¿Respetan los países de Latinoamérica los derechos humanos? Así está la situación
Este sábado se celebra el ‘Día de los Derechos Humanos’ y Latinoamérica es una de las zonas del planeta con más deficiencias y limitaciones según los informes de la ONU y de diferentes organizaciónes no gubernanmentales y pro derechos humanos como Amnistía Internacional. El pasado mes de febrero esta organización presentó un informe sobre la situación de los países de la región. Durante 2015, América Latina y el Caribe albergaban a 8 de los 10 países más violentos del mundo, y en cuatro de ellos, Brasil, Colombia, México y Venezuela, se cometían uno de cada cuatro homicidios violentos a a nivel mundial. Además, el informe asegura que tan solo 20 de cada 100 homicidios llegan a ser condenados.
Aquí puede leer el informe completo
Tráfico de drogas, abusos militares, las condiciones de las prisiones, la explotación sexual, el trabajo y la explitación infantil, la libertad de prensa… Esta sería una radiografía de la situación de los Derechos Humanos en laos principales países de Latinoamérica.
ARGENTINA
Una de las principales preocupaciones de la situación en Argentina es la amenaza de la libertad de expresión. La otra es la violencia de género, cuyos niveles continúan creciendo. No obstante, el país ha logrado avances entre ellos los juicios por los crímenes y abusos cometidos durante el ‘terrorismo de Estado’ entre 1976 y 1983.
Se ha identificado a personas desaparecidas durante la dictadura y del reencuentro con sus familias biológicas. Sin embargo, los juicios siguen siendo muy lentos, además de que no se ha esclarecido el paradero de algunas víctimas.
El acceso a la información está restringido porque no existe una ley nacional que asegure el acceso público a nivel local, provincial y nacional. Además, las cárceles siguen teniendo graves problemas de sobrepobalción y se ha denunciado el mal trato por parte de los funcionarios a los presos.
BOLIVIA
La impunidad por delitos violentos y violaciones de los Derechos Humanos sigue siendo un problema grave para Bolivia. Durante los gobiernos autoritarios que se sucedieron desde 1964 hasta 1982, se dieron abusos masivos de estos derechos y libertades, cuyos funcionarios militares continúan impunes, mientras que unos pocos han sido juzgados. La situación carcelaria tampoco presenta mejores condiciones, ya que más del 70% de los presos no ha recibido condena.
Mientras que sí contempla garantía para los derechos de las poblaciones indígenas, en cambio permite el trabajo infantil desde los 10 años, siendo el primer país del mundo en legalizar el trabajo a menores tan jóvenes.
BRASIL
Las cárceles de Brasil están afectadas por una enorme sobrepoblación que determina una atmósfera de violencia y hacinamiento que perjudica gravemente la salud de los presos debido a las malas condiciones sanitarias. La seguridad pública es otro gran déficit por el alto índice de muertes por funcionarios públicos en el país, especialmente en Río de Janeiro, donde el año pasaron murieron cerca de 600 personas a manos de policías.
La libertad de expresión está muy restringida. Periodistas y blogueros se juegan la vida cuando escriben sobre política, corrupción o delincuencia, temas tabú que llevan a la tortura y posterior ejecución.
CHILE
Los asesinatos masivos y casos de tortura durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) continúan siendo una incógnita. La investigación de los más de mil casos de violaciones de Derechos Humanos cometidos durante la dictadura ha dejado tan solo unas 344 sentencias definitivas. La tortura si sigue produciendo en las cárceles. La Justicia militar continúa conociendo casos de abusos cometidos por carabineros, cuyas demandas son desestimadas. Además, las cárceles chilenas presentan las mismas graves condiciones de salubridad que las del resto de centros penitenciarios iberoamericanos.
COLOMBIA
A pesar del acuerdo de paz en Colombia con las FARC y las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el país cuenta con ataques por parte de los grupos guerrilleros y de los criminales. Son responsables de numerosos secuestros, asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores.
La violencia de género es otra lacra, aunque en pasado año el Gobierno promulgó una ley que tipifica el ‘feminicidio’ y establece amplias medidas de prevención y tratamiento. Sin embargo, los responsables del maltrato a las muejres pocas veces son llevados ante la justicia.
CUBA
Con la reciente muerte de Fidel Castro, la situación podría dar un giro fundamental como parecía haber sucedido tras la reanudación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos el pasado 2014. El Gobierno cubano liberó a 53 presos políticos pero, a pesar de sus promesas, el informe anual de HRW continúa recogiendo violaciones a los derechos fundamentales de las personas, entre ellas, destacan la falta de libertad de expresión y el encarcelamiento de ciudadanos contrarios al régimen de Castro. Éstos no tienen derechos básicos como el de participar en audiencias públicas frente a un tribunal imparcial y competente.
Por otro lado, la libertad de expresión es prácticamente nula. El Gobierno controla casi todos los medios de comunicación. El acceso a la información es un lujo, debido a sus limitaciones y altos costes. Aunque los residentes cubanos no necesitan solicitar una visa de salida para viajar fuera de la isla desde 2013, el Gobierno puede controlar y restringir el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional”.
HONDURAS
Este país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Las investigaciones sobre los absusos policiales se caracterizan por la impunidad, la ineficiencia y la corrupción.
Las cárceles y los menores son los pilares en los que se fundamenta la injusticia del país. Los centros de prisión no tienen medidas mínimas de salubridad, como tampoco se respeta su capacidad máxima, duplicando la cifra de presos. Los menores se encuentran expuestos a altos niveles de violencia, fruto de las pandillas armadas, que los reclutan y los presionan para formar parte de sus filas.
VENEZUELA
Según Human Rights Watch, el deterioro de las garantías de los Derechos Humanos en Venezuela está presente desde que se encuentra bajo el poder del ‘chavismo’. Todo aquel que no siga las directrices del régimen es perseguido, detenido, juzgado o en el caso de los políticos inhabilitado para cargos públicos. Los ciudadanos son procesados penalmente por participar en manifestaciones pacíficas y el problema de la inseguridad sigue estando latente desde la llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013. El presidente ha movilizado a más de 80.000 integrantes de las fuerzas de seguridad para evitar la venta ilegal de productos con desabastecimiento. Esta orden se ha transformado en detenciones, allanamientos ilegales de hogares y abusos verbales y físicos hacia la población.
El derecho a la salud está muy limitado, ya que el Ejecutivo no asegura la disponibilidad y accesibilidad de medicamentos e insumos esenciales, de manera que los quirófanos y los laboratorios no disponen de los medios suficientes para funcionar correctamente.
