Amnistía Internacional, duramente cuestionada por Marruecos
El viernes 26 de junio de 2020, las autoridades públicas recibieron a Mohamed Siktawi, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Marruecos, y expresaron su sorpresa ante la afirmación de la organización en su informe emitido el 22 de junio de 2020 de que se había puesto en contacto con las autoridades marroquíes antes de la publicación de este informe. Las autoridades marroquíes han rechazado este informe.
Desmintiendo todo contacto con Amnistía Internacional, las autoridades marroquíes, aclaran que la publicación del informe y la movilización concomitante de 17 medios de comunicación en todo el mundo para promover acusaciones no institucionales que se enmarcan en una agenda dirigida contra Marruecos, parte de la cual está vinculada a partes degtractpras del Reino, y otras a competiciones entre grupos económicos para comercializar equipos de inteligencia.
Durante esta reunión, el Director Ejecutivo fue informado también de que el citado informe debe proporcionar pruebas materiales que corroboren la supuesta relación de Marruecos en el pirateo de los teléfonos de algunas personas, lo que confirma la falta de evidencia física por parte de los editores para corroborar estas alegaciones, lo que es la convicción de las autoridades marroquíes desde la publicación del informe de Amnistía internacional en octubre de 2019.
A raíz de lo cual, las autoridades marroquíes han pedido al Director Ejecutivo de Amnistía Internacional que les proporcione lo antes posible pruebas materiales, para que Marruecos pueda tomar las medidas necesarias en defensa de los derechos de sus ciudadanos.
En espera de recibir una respuesta oficial detallada, las autoridades marroquíes afirman que, después de varios años de suspensión de la cooperación con esta organización, desafortunadamente no observan ningún nuevo cambio en su enfoque, lejos de los resbalones que contradicen las reglas de compromiso para defender los derechos humanos en su dimensión cósmica lejos de los cálculos de lobby y centros de influencia sin ningún vínculo con la protección de estos derechos.
