Amnistía Internacional se desinfla: sigue sin presentar pruebas del supuesto espionaje de Marruecos a un periodista
¿Es legítimo verter acusaciones contra alguien sin mostrar pruebas? En cualquier país del mundo, atentar contra el honor de una persona o institución está legalmente perseguido. Esto es precisamente lo que ha hecho Amnistía Internacional (AI).
Para entender los hechos hay que remontarse al 22 de junio del 2020, cuando la ONG publica una suerte de “informe” en el que acusa Marruecos de espiar el teléfono móvil de un periodista. No solo eso: según la organización, sometió el móvil del periodista Omar Radi a un peritaje que les permitió comprobar una infección por Pegasus, un potente programa de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que permite acceder a los datos del dispositivo y activar la cámara y el micrófono de manera remota.
Sin embargo, no solo no aportaron ninguna prueba del supuesto peritaje realizado al móvil, sino que, de ninguna manera, pudieron demostrar que quien estuviera detrás del espionaje fuera el Estado marroquí, quien, como es lógico, pidió documentos que acreditaran tan graves acusaciones.
Pronto, nada menos que 17 periódicos, aliados en su mayoría de Forbidden Stories, publicaron la historia, sin preguntar al gobierno marroquí y sin contar con ninguna prueba al respecto, más allá de la palabra de la ONG. Sorprendentemente, salió en rotativos tan prestigiosos como el británico The Guardian, el estadounidense The Washington Post, el español El País o el francés, Le Monde.
Es precisamente en este punto, cuando AI comenzó a dar explicaciones poco coherentes y evasivas. En primer lugar, afirmó que habían tratado de comunicarse con el gobierno alauita, extremo negado por las autoridades de este país. Según la organización, a través del portal Al-Araby Al-Yadid, un periódico digital panárabe afincado en Londres, Claudio Guarnieri , mandó un correo el 6 de junio del 2020, a un tal Sr. Hachi con la finalidad de entregar ese mismo correo à Saadedine el Otmani, el jefe del gobierno marroquí. En ese correo, Claudio Guarnieri afirma haber tenido dificultades para mandar un fax directamente al jefe del gobierno y le pide amablemente al Sr. Hachi remitir el contenido de su correspondencia a Saadedine el Otmani.
Curiosamente, Amnistía Internacional tiene una oficina en Rabat cuyo representante es Mohamed Sektaoui y que evitó llevar la petición en persona ante el Ejecutivo, utilizando para ello a intermediarios. Más todavía: Claudio Guarnieri es un simple técnico de Amnistía Internacional que se presenta como un hacker italiano y activista de derechos humanos, por lo que es más que probable que los sistemas de seguridad de los correos de los miembros del gobierno, no solo el de Marruecos, sino los de cualquier país, bloqueen este tipo de contactos.
Como es lógico, las autoridades marroquíes convocaron a Mohamed Sektaoui, director ejecutivo de esta organización en Marruecos, para expresarle su perplejidad ante las acusaciones de esta organización, así como para exigir pruebas materiales. La solicitud de Marruecos quedó sin respuesta y el gobierno marroquí publicó un comunicado el 2 de julio pidiendo a AI que le facilitara pruebas materiales, o que por lo menos, las hiciera públicas en una rueda de prensa. “Desde el Ejecutivo marroquí, seguimos reclamando con insistencia una copia del informe de peritaje científico adoptado para formular aquellas acusaciones infundadas, ya sea enviándonoslo directamente o haciéndolo público”, sostuvo.
El jefe de gobierno contactó también con la secretaria general en funciones de AI, Julie Verhaar. Sin embargo, es Heba Morayef, directora regional de AI, quien contestó. En su respuesta del 3 de julio, Morayef se ahogó en consideraciones metodológicas, pero las pruebas siguieron sin aparecer. No se paró ahí: al día siguiente, la trabajadora de la ONG emitió un duro comunicado en el que criticaba”la creciente represión ejercida dentro del país” y afirmaba que “actualmente hay decenas de activistas de los derechos humanos, periodistas independientes y manifestantes en prisión, y en los últimos meses las autoridades han aprovechado la pandemia de COVID-19 para perseguir judicialmente a un número mayor aún de personas que se muestran críticas “.
La secretaria general en funciones de la ONG, Julie Verhaar, respondió finalmente el 9 de julio de 2020 a Saadedine El Otmani. En su misiva, hizo referencia a la convocatoria del representante de AI en Marruecos el 26 de junio, así como a la respuesta de la dirección regional, del 3 de julio, pero pasó por alto el comunicado del 4 de julio. Además, expresó su apertura al diálogo y su disposición a explicar la metodología de IA a los responsables marroquíes.
El Estado marroquí, como dijo el jefe de gobierno en su declaración a la MAP, no ha pedido a AI que explique detalladamente su metodología adoptada en sus investigaciones, sino más bien le exige pruebas fehacientes. Marruecos está abierto al diálogo con Amnistía Internacional, pero a condición de que la ONG presente pruebas materiales de las acusaciones que formaron la base de la campaña mediática contra el reino.
