Fin a la huelga de taxistas de Madrid aunque sin acuerdo

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Después de dieciséis días de huelga y varias reuniones infructuosas con la Comunidad de Madrid, los taxistas madrileños han decidido este martes poner fin a los paros en una consulta, sin que el Gobierno regional haya atendido ninguna de sus exigencias sobre la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Los alrededor de 20.000 taxistas que trabajan en Madrid han sido convocados a votar en referéndum si continuaban o no con la huelga indefinida, después de que fracasaran los intentos del sector para lograr un acuerdo con la Comunidad en esta materia.

Iniciado hace 15 días, el paro de taxistas en la capital de España perseguía obtener de la Comunidad de Madrid una respuesta similar a la que aceptaron los taxistas en Barcelona por parte de la Generalitat de Catalunya. Especialmente, aunque no de forma exclusiva, en lo que se refiere a la precontratación de servicios VTC con una hora de antelación como mínimo. Esta medida culminó en Cataluña con el cese de actividades de Uber y Cabify, por considerar insostenible su modelo de negocio en esas condiciones.

Finalmente, pese a sentir que la oferta de la Comunidad era un “burdo engaño”, los taxistas han decidido volver a trabajar. El voto a favor de levantar el paro se ha impuesto por un margen casi tan ajustado como el que se registró en Barcelona sólo seis días después de comenzar las movilizaciones.

Ya se vio desde un primer momento que la posición del Gobierno de la Comunidad de Madrid distaba mucho de la que asumió la Generalitat de Catalunya. Si en el caso catalán el departamento de Territorio y Sostenibilidad lanzó un decreto basado en un acuerdo alcanzado entre la administración y los taxistas, y pese a las quejas de Uber y Cabify, en Madrid el ejecutivo de Ángel Garrido se transformó en un muro infranqueable por los taxistas.

Ni precontratación, ni indemnizaciones millonarias. La Comunidad de Madrid no quiere tener que lidiar con unas demandas cifradas en 3.000 millones de euros que podrían interponer Uber y Cabify por poner en riesgo su modelo de negocio en la capital de España.

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