Comienza en el Supremo el juicio al procés
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y su exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría encabezan la larga lista de testigos del juicio del “procés”, entre los que también están el presidente del Parlament, Roger Torrent; el expresident Artur Mas, el exministro Cristóbal Montoro y el lehendakari Íñigo Urkullu.
No así el expresident Carles Puigdemont ni la que fuera secretaria general de ERC, Marta Rovira, ambos huidos de la justicia, a quienes el tribunal ha rechazado citar como testigos al estar también procesados en esta causa.
Tampoco comparecerá el rey Felipe VI por estar exento como marca la ley.
Este juicio va a suponer un reto para el sistema y la organización judicial española. Llevan días adaptando los espacios para garantizar la máxima normalidad, del que muchos han bautizado ya como el juicio del siglo. Se calcula que, de los 600 periodistas acreditados, unos 250 trabajarán en sus instalaciones, sobre todo en aquellos días en los que se desarrollen los interrogatorios de los 12 acusados.
En las últimas décadas, solo el juicio de los atentados del 11-M generó una expectación mediática similar a la que se prevé con el procés en cuanto a número de acreditaciones y presencia de medios internacionales, de los cuales medio centenar serán extranjeros, principalmente europeos entre alemanes, franceses, suizos y holandeses.
Tan solo 100 personas podrán entrar en la sala en la que se celebra el juicio. Veinticuatro serán familiares (dos por cada acusado), una veintena periodistas y el resto se destina a aquellos que quieran acudir al juicio. De esta forma, unas cincuenta personas podrán asistir de público cada día. Eso sí, después de hacer una cola en el exterior del alto tribunal y por orden de llegada.
Sin olvidar los dos parlamentarios vascos en representación de la cámara autonómica y las autoridades que quieran asistir, como muy probablemente hará el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien se tratará con la “deferencia que le corresponde” al ser “una autoridad pública española”.
