Estas son las claves del nuevo giro de la política venezolana
¿Tiene la oposición venezolana poder de convocatoria? ¿Logrará el chavismo contener el descontento popular?. Los adversarios del gobierno tienen cada vez menos alternativas para actuar como fuerza política tras la suspensión del revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Este hecho marca los factores que marcarán, ahora, los acontecimientos de los próximos meses:
La recolección de firmas con las cuales se solicitó la consulta a mediados de año. Es quizá la más difícil sobre todo tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de congelar el referendo, avalando fallos judiciales en varios estados que lo anularon tras argumentar que había existido fraude.
Varias determinaciones del CNE ya habían dilatado el proceso para sacar del poder a Maduro, favorecido además por sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que redujeron las facultades del Parlamento, formado por una mayoría opositora.
El pasado martes, el CNE aplazó para 2017, sin explicaciones, las elecciones para gobernadores. La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asegura que la justicia está “secuestrada” por el chavismo, que controla los poderes del Estado, salvo la Asamblea.
“Es falso que todas las vías institucionales se hayan acabado y que, en lo jurídico, no haya nada que hacer”, afirma sin embargo el jurista José Ignacio Hernández, para quien está en vigor la “soberanía popular” y el reto que se presenta es movilizarla.
Lo cierto es que resulta prácticamente imposible que Maduro salga del poder mediante un referendum este año. Y en el caso de que fuera revocado en 2017, completaría el el mandato que concluye en 2019 como vicepresidente.
La oposición insiste en que, ante el cierre de los caminos legales para cambiar de gobierno, se impone la presión en la calle.
Ese argumento se soporta en el fuerte rechazo a la gestión de Maduro: el 76,5% la reprueba, mientras 62,3% votaría por revocarlo y 90,5% evalúa negativamente la situación del país, según Datanálisis.
Además de las legislativas de diciembre pasado, en las que ganó de forma aplastante, la MUD dio una contundente muestra de apoyo el 1 de septiembre, cuando movilizó a cientos de miles de personas en Caracas a favor de la consulta. Pero las manifestaciones posteriores han sido muy modestas.
“Ha demostrado tener poder de convocatoria, pero la gente tiene su propio criterio de eficacia política”, opina el politólogo Luis Salamanca, quien sostiene que el venezolano va más a votar que a protestar.
Por ello, el analista Luis Vicente León considera que la suspensión del revocatorio le quita a la MUD el motor de las manifestaciones.
En todo caso, los expertos coinciden en que el gran desafío de la oposición será hacerle entender al gobierno, en la calle, el elevado costo de aferrarse al poder pese al rechazo popular.
“Si no hay una reacción inmediata y eficaz (…), incluida una movilización masiva, la dictadura pura y dura se puede imponer. Si la oposición no juega duro, no habrá retroceso”, advierte el académico Benigno Alarcón.
Frente al descontento, el gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas para paliar la crisis, que ya presenta una escasez de 80% de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI estima en 475% para 2016.
Desde hace varios meses vende productos subsidiados en sectores populares, y ha flexibilizado el control de los precios para garantizar un mayor margen de ganancia a los productores. Los anaqueles están mejor abastecidos, pero los costos resultan absurdos frente a un ingreso mínimo legal de unos 100 dólares.
Al mismo tiempo, la OPEP -de la cual Venezuela es socio- y fuera del cartel el gobierno maniobra para elevar las cotizaciones del petróleo, generador de 96% de las divisas de este país que alberga las mayores reservas de crudo del mundo y con una gran dependencia de las importaciones.
Un acuerdo para reducir la producción de la OPEP ha empujado los precios al alza, pero aún es incierto si será suficiente para conjurar la crisis.
Las mayores críticas frente a lo que consideran derivas autoritarias del gobierno provienen de Estados Unidos, el Mercosur y España, así como del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, al que la oposición pedirá que active la Carta Democrática, una sanción diplomática que en el peor de los casos llevaría a la expulsión de Venezuela del organismo.
Benigno Alarcón considera que con la decisión del CNE se ha impuesto el sector radical del chavismo, que podría fracturarse, lo que presagia una escalada del conflicto.
Y ante ello cree que los militares podrían ser el fiel de la balanza en una disyuntiva entre ser “verdugos incondicionales” o “regresar a la institucionalidad”.
