Arrestado en México el exjefe policial por el caso de los estudiantes de Ayotzinapa
La captura de un exjefe policial de Iguala, la ciudad del sur de México donde desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa a manos de uniformados en 2014, ha llevado la esperanza a los desesperados padres de los desaparecidos y también a las autoridades.
Felipe Flores, de 58 años, era secretario de Seguridad Pública de Iguala cuando ocurrió la tragedia, y aparentemente “fue uno de los responsables de coordinar el operativo que terminó con la agresión a los estudiantes”, anunció en rueda de prensa el comisionado nacional de Seguridad.
Flores, capturado en Iguala, fue acusado de delincuencia organizada y del secuestro de los jóvenes aquella fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, añadió.
Esta detención “permitirá recabar una declaración fundamental para el esclarecimiento de los hechos”, comentó en Twitter la fiscal general Arely Gómez, en un caso que ha perseguido al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desde hace más de dos años.
Los familiares de los estudiantes han recibido la noticia “con calma. “Esperamos que en las declaraciones, este personaje diga lo que realmente pasó, dónde están los jóvenes y que no sea uno más en la cárcel”, subrayó.
Hasta el momento, 131 personas han sido arrestadas por este caso, incluyendo al entonces alcalde de Iguala José Luis Abarca, su esposa, numerosos policías y presuntos miembros de Guerreros Unidos.
El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigó el caso aseguró en un informe en abril que a pesar de las inconsistencias de Flores, “no se ordenó su detención hasta tiempo después, lo que permitió que se diera a la fuga”.
Sales argumentó que Flores “no siempre estaba en Iguala”, y que su captura, realizada cuando visitaba a su pareja, fue posible tras varios meses de investigación.
Según la fiscalía general, los jóvenes fueron atacados a tiros por policías de Iguala, que los entregaron al cártel de narcotráficos Guerreros Unidos. Los sicarios los habrían asesinado e incinerado en un basurero antes de arrojar sus restos a un río.
Las conclusiones de la fiscalía fueron descritas en 2015 como la “verdad histórica” por el entonces fiscal general Jesús Murillo Karam, pero las autoridades se han ido retractando.
Hasta ahora, sólo se han podido identificar plenamente los restos de uno de los estudiantes y los expertos de la CIDH aseguran que no existe prueba científica de que los jóvenes hayan sido quemados en ese basurero.
Ahora la fiscalía explora nuevas líneas de investigación y realiza pesquisas con escáneres de láser, que captura imágenes térmicas en la tierra para localizar restos humanos.
“Seguimos pensando que es simulación. Nosotros no los buscamos muertos, los buscamos en vida porque hasta hoy no han podido demostrar que estén muertos para buscarlos en fosas con esa tecnología”, dijo De la Cruz.
