¿Están garantizadas las pensiones?
La pasada semana se volvió a echar mano del Fondo de Reserva, también denominado hucha de las pensiones, para hacer frente a la paga extraordinaria que los pensionistas recibirán en Navidad. En esta ocasión se sacaron 9.500 millones dejando un saldo de cerca de 16.000 millones. Esta cantidad es muy baja y todo indica que en 2017 el Fondo deje de serlo y se vacíe por completo.
El Gobierno aseguró en los Presupuestos enviados a Bruselas que este año el déficit de la Seguridad Social quedará en torno al 1,7% del Producto Interior Bruto (PIB), y eso significa que el Fondo de Reserva no llegará a 2018. El motivo es simple. Para 2017 se estima que el déficit en la Seguridad Social sea del 1,4%. Si el PIB se queda en los 1,157 billones, el déficit de la Seguridad Social supondrá otros 16.000 millones que dejarán en números rojos la hucha.
Lejos quedan los tiempos en los que el Fondo de Reserva presentaba un aspecto muy saludable. Su punto álgido lo marcó en 2011, cuando albergaba 68.000 millones, pero la crisis también le afectó a él porque los ingresos del estado no daban para hacer frente a las pagos y hubo que recurrir a él, aunque es cierto que para eso se creó. Así, de 63.000 millones de euros que tenía a finales de 2013 pasó a 32.000 en 2015.
Pero además, para el próximo año el Gobierno aplicará al reforma del sistema de pensiones que realizó el PP en 2013 y se espera que empiece a ‘ahorrarse’ dinero. El motivo es porque desliga la revalorización de las pensiones del crecimiento del IPC.
Esto significa que si el incremento de los precios es superior al de la subida de las pensiones la capacidad para adquirir bienes y servicios se verá mermada. Cierto que hasta ahora los jubilados han ganado poder adquisitivo gracias a la caída de los precios.
El ejecutivo de Mariano Rajoy ha previsto, según los presupuestos, un crecimiento del 0,25% para 2017, el mínimo fijado por la ley. Pero también prevé que el IPC esté en un 1,2%. Gracias a esta reforma, que estipula un aumento que oscilaría entre un mínimo del 0,25% y un máximo que llegaría al IPC más un 0,5%, el Gobierno destinará a las pensiones 1.200 millones menos de lo que debería si ajustase al IPC las subidas.
La pensión media de jubilación en España estaba fijada el pasado mes de septiembre en 1.046,28 euros. Con la revalorización del 0,25% subirán apenas 2,61 euros al mes. Si se ajustase al IPC del 1,2% anunciado por el Gobierno tendrían que subir 12,57 al mes: una diferencia de 9,96 euros mensuales. Esto significa que las catorce pagas que reciben los pensionistas -son 12 más dos extra en Navidad y verano- estarán 139,44 euros por debajo en 2017 de lo que correspondería, teniendo en cuenta la subida de precios.
¿Por qué se ha vaciado el Fondo de Reserva?
La respuesta simple es porque hay más gastos que ingresos desde que comenzó la crisis. Los motivos son, en primer lugar, por el envejecimiento de la población que hace aumentar cada año el número de pensionistas y además las bajas tasas de natalidad no ofrecen un relevo generacional. En segundo lugar, las cotizaciones que descendieron considerablemente debido al desempleo y al descenso de la calidad del mismo.
Actualmente en España hay 17,7 millones de cotizantes, lejos de los más de 19 que había en 2008. Esto, sumado al aumento de pensionistas -que en 2008 eran 8.338.439 y en septiembre de 2016 eran 9.433.986– hace que haya menos de 1,8 cotizantes por cada pensionista. En 2007, año antes del estallido de la crisis, había casi 2,5 cotizantes por pensión.
De esos 9 millones de pensiones no todas son de jubilación. Algunas son de incapacidad permanente, viudedad, orfandad o a favor de los familiares. Eso no quita que la mitad de las pensiones, unas 5,7 millones, sean de jubilación. Estas suponen el grueso del gasto de la Seguridad Social: 6.017,8 millones en septiembre de los 8.550,6 millones de euros que se necesitaron para soportar el pago de las pensiones contributivas, un 3,1% más que en el mismo mes de 2015.
Sobre la caída de las cotizaciones, que el número de parados no dejase de descender desde el tercer trimestre de 2007 –cuando la tasa de paro era del 8%- hasta el primer trimestre de 2013 -cuando el paro se situó casi en el 26%- explica esas cifras. Más parados supone más dinero destinado a pagar subsidios; menos ingresos supone menos dinero para pagar jubilaciones.
Y a todo eso hay que sumar el aumento de la pensión media, que ha pasado de 719,68 euros en 2008 a los 1.046 euros de 2016. También hay que recordar que tras la crisis, los 108,2 millones ingresados por las cotizaciones fueron menguando año a año. El desplome llegó en 2014, cuando se ingresaron 99,2 millones. Y todo esto a la espera de que la generación del ‘baby boom’ -nacidos en los años 60-70- se jubile.
¿Se pueden acabar las pensiones de jubilación?
No. El Fondo de Reserva es, como indica su nombre, una reserva. Se creo en los años de bonanza para tener un colchón el día que llegasen las estrecheces. Como viene ocurriendo desde hace un lustro. Por eso se ha vaciado. Lo que ahora sale de ese fondo tendrá que obtenerse en otro sitio, lo que puede significar más déficit para la Seguridad Social.
Este Fondo de Reserva servía “Para meterle mano cuando no hubiera liquidez en la caja ordinaria”, apunta el economista Marc Vidal, en su blog. Siendo esa caja “un amortiguador, un retardante, a algo que tenía que suceder independientemente”. Con un cuarto de la población activa en el paro durante años, un desempleo juvenil del 40% y “en las franjas más bajas de la escala laboral” es difícil mantener el sistema.
Vidal asegura que “Las pensiones deberían de ser capaces de funcionar sin este botón de emergencia”. Y es que cuando se acabe la hucha, “no se terminarán las pensiones ni estará en riesgo el modelo de una sociedad del bienestar que es envidiable”. También pide impuestos para sufragar las pensiones de viudedad y de orfandad. Según sus palabras: “Deberemos cobrar menos y pagar más”.
¿Subir la edad de jubilación?
Hay una verdad que es irrefutable: en España vivimos más años. Esta perogrullada tiene un reverso negativo. Porque si vivimos más, cobramos más años pensión. Es lo que intenta arreglar el PP con su reforma del sistema de las pensiones, aunque para ello reduzca las cantidades a cobrar por los pensionistas.
Apunta Josep Prats, gestor de Abante European Quality, que “Hoy, una persona que se jubile a los 65 años tiene una expectativa de supervivencia de 22 años frente a los 14 que tenía cuando yo nací -en 1962-“. Estos años de disfrute de la pensión continuarán creciendo, aunque en menor medida.
“Si trabajando los mismos años que nuestros padres y abuelos, pretendemos gozar de una jubilación que dure el doble de años que la suya, tendremos que poner el dinero que podamos ahorrar a trabajar. Invirtiéndolo, no solo guardándolo”, apunta Prats. En conclusión, eso significa trabajar más años y planes de pensiones privados o públicos.
No solo España tantea la subida de la edad de jubilación. El Bundesbank en la última edición de su boletín mensual planteó elevar la edad legal de jubilación en Alemania hasta los 69 años para 2060. Y eso a pesar de el escaso número de parados, al 5,9% en septiembre, y el vigor de su economía es bastante distante del maltrecho estado de las cuentas en España.
¿Qué se puede hacer?
Para intentar frenar la crecida de las pensiones el Partido Popular introdujo en su reforma de 2013 el factor de sostenibilidad. Esto supone ajustar las pensiones a la esperanza de vida. O lo que es lo mismo, a partir de 2019 si la esperanza de vida en España crece -actualmente fijada en los 83,1 años según el Foro Económico Mundial- la pensión se reparte en ese tiempo. Si se vive más años se reparte la misma cantidad en ese período, es decir se cobrará menos porque se vivirá más tiempo.
El factor de sostenibilidad ha sido fuertemente criticado por los otros partidos, que han pedido que se vuelva a instaurar el Pacto de Toledo. Este acuerdo, nacido en 1995, busca analizar “los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social” –el Fondo de Reserva y mantener el poder adquisitivo– y está formado por todos los partidos del Congreso.
Una Comisión para el seguimiento y la evaluación del Pacto de Toledo, presidida por Celia Villalobos, comenzó ha reunirse el pasado martes de 18 de octubre para intentar conocer cuál es el estado actual del sistema de pensiones.
¿Qué proponen los partidos en España?
Se pueden distinguir dos ideas claras: por un lado PSOE y Podemos, que optan por un impuesto que ayude a hacer sostenible el sistema de pensiones; por otro, Ciudadanos y Partido Popular, más partidarios de sistemas de pensiones híbridos, en lo que se mezcle lo privado y lo público.
En primer lugar, el Partido Popular quiere introducir un sistema similar a la mochila austriaca, un fondo de capitalización que permitiría acumular una parte del salario mes a mes durante la vida laboral y que podría ser utilizado cuando se esté sin empleo o cuando uno se jubile. También apostaba por “prolongar voluntariamente” la edad de jubilación. A partir de 2027 será obligatorio jubilarse después de los 67. El Partido Popular se escuda en el crecimiento que vivirá la economía y el aumento en de cotizantes para justificar la sostenibilidad.
En cuanto a Ciudadanos, la idea estrella de su programa ha sido desde el principio la mochila austriaca, que acumula un porcentaje del salario mensual y elegir entre acumularlo para su posterior jubilación, como un plan de pensiones, o para afrontar la nueva situación del paro. Los liberales también ofrecían un sistema en el que cada persona decida a qué edad jubilarse siempre y cuando se haya cotizado lo suficiente.
Podemos y PSOE van en la misma línea: un impuesto específico y derogar la reforma de pensiones del PP. La formación morada también es favorable a derogar la reforma del PSOE en el 2010. Los de Pablo Iglesias quieren volver a fijar la edad de jubilación a los 65 años. Por su parte, los socialistas querían recuperar el Pacto de Toledo, así como elevar impuestos y un nuevo impuesto. Podemos también se mostraba favorable a la introducción progresiva de la financiación por vía impositiva.
