Cataluña es la comunidad más corrupta
Los tribunales españoles abrieron juicio por delitos contra la corrupción contra 1.378 personas implicadas en un total de 166 casos entre julio de 2015 y el pasado mes de septiembre según un novedoso depósito de datos presentado este jueves por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que busca dar a conocer a los ciudadanos la acción judicial contra este fenómeno.
En este sentido, han sido juzgadas en España una media de 3 personas al día. Además, de los 99 procedimientos que finalizaron con sentencia en ese periodo, el 72,7 por ciento lo fue con una resolución condenatoria y las sentencias que han adquirido firmeza en estos cinco trimestres han supuesto la condena por delitos de corrupción de 399 personas.
Cataluña es la comunidad con más corruptos
Por comunidades autónomas, el ranking lo lidera con holgura Cataluña, con 303 personas. Dobla ampliamente a Andalucía (153) Madrid (145) y supera también a la suma de los encausados en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo (272). Navarra es la única comunidad en la que no se ha procesado o enviado a juicio a ninguna persona en los 15 meses estudiados.
Del total de acusados y/o procesados, 1.060 eran hombres –el 77 por ciento- y 318 mujeres. La base de datos ofrece también información sobre la nacionalidad de los implicados: 1.174 eran españoles, 34 de Estados miembros de la Unión Europea y 170 extracomunitarios.
Andalucía, la comunidad con más casos de corrupción
En cuanto a casos de corrupción, el raking lo lidera Andalucía (21 casos), seguido de la Comunidad Valenciana (20), Cataluña (17) y Baleares (16). Navarra es la única que no ha tenido ningún caso de corrupción.
Por otro lado, de las 99 sentencias dictadas en procedimientos por delitos de corrupción en los cinco trimestres estudiados, 72 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 72,7 por ciento del total.
El repositorio permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre.
La suma de los cinco trimestres que recoge la base de datos es de 399 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.
Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y malversación.
82 condenados están en la cárcel
Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.
En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de enero de este año había en el conjunto de España 82 penados –en 47 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 25 con el de cohecho- y cinco preventivos.
Trasladar la imagen real de la acción de la Justicia
En el acto de presentación del repositorio, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha subrayado que con la información que a partir de hoy se hace pública se ofrece por primera vez a los ciudadanos una forma de conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción, “dando un paso más, y esperamos que importante, en la recuperación de la confianza de la sociedad en sus instituciones”.
“Nuestros jueces y nuestras juezas están cumpliendo con su misión, y no siempre en condiciones fáciles”, ha señalado Lesmes, que ha añadido que aunque en ocasiones se critica de manera interesada la labor de jueces y magistrados, sugiriendo elementos de politización en las decisiones adoptadas y veladas acusaciones de falta de imparcialidad, “la realidad deja sin fundamento esas críticas” y demuestra que “frente a la eventual degradación criminal de personas con responsabilidades políticas, el Poder Judicial se limita a actuar sobre cada caso concreto, aplicando únicamente la ley, desde la legitimidad que nos brinda el Estado de Derecho por el que nos regimos”.
Por su parte, la vocal del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabrejas, miembro del Grupo de Transparencia del Consejo, ha dicho que la información que ofrece el repositorio evidencia “la existencia de límites reales y tangibles contra la arbitrariedad, el abuso y el despotismo, ofreciendo una visión clara de la dimensión del Poder Judicial como una instancia independiente e imparcial llamada a controlar desde el Derecho, a hacer efectiva la idea del Estado Constitucional como sistema de límites y de vínculos impuestos al ejercicio de cualquier poder”.
Cabrejas ha confiado también en que el repositorio contribuya a trasladar a los ciudadanos “la imagen real de una labor muchas veces silenciosa de sus jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, Policía Judicial, funcionarios y demás servidores públicos en su firme compromiso de lucha contra la corrupción”.
