Los cabecillas de Gurtel y una exconsejera de Camps, condenados a prisión en el caso Fitur

Los considerados cabecillas de la trama Gürtel –Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo— han sido condenados a penas que oscilan entre los 12 y los 13 años de prisión en la pieza 3 del caso relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009.

Así, Francisco Correa y Pablo Crespo han sido condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a más de 13 años, mientras que Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, a más de 12, en el primer juicio de la trama.

Por su parte, Milagrosa Martínez, exconsellera ‘popular’ de Turismo y expresidenta de las Corts Valencianes, ha sido condenada a 9 años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación y cohecho pasivo, mientras que para su exjefe de gabinete Rafael Betoret la condena es de seis años de cárcel.

Por su parte, la también exconsellera Angélica Such y el técnico de la administración valenciana Juan Bover han resultado absueltos.

Así se desprende del fallo emitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009.

Se les juzgó por delitos de prevaricación administrativa, cohecho, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, falsedad en documento oficial, tráfico de influencias, uso de información privilegiada e infidelidad en la custodia de documentos.

En total, fueron juzgadas 13 personas en esta pieza del caso Gürtel, la primera que ha llegado a juicio –hay seis y el resto se instruyen/juzgan en Madrid–. Este caso quedó visto para sentencia a mediados de abril de 2016 y se ha conocido el fallo del tribunal casi 10 meses después.

Esta ha sido la única pieza juzgada en el TSJCV debido a la condición de aforadas que mantenían en su momento Martínez y Such que renunciaron a este privilegio una vez dictada la apertura de juicio oral, por lo que el Supremo decidió que la vista se celebrara en el alto tribunal valenciano.

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